Este comentario está destinado al común de la gente, es decir, al ama de casa, al empleado, al jornalero, al jubilado, a quien quiera leer para informarse sobre lo que sucedió el 14 de diciembre en el Congreso de la Nación, en ocasión del debate que debía llevarse a cabo para aprobar el proyecto de ley de reforma previsional y laboral, que cuenta con media sanción de Senadores.
No voy a entrar en detalles sobre la brutal y desmedida represión preparada desde temprano alrededor de la "casa del pueblo" (pues allí debaten ideas y proyectos nuestros representantes, los diputados nacionales), ya previendo que sin fuerzas de seguridad desplegada el proyecto de reforma previsional y laboral no se podía aprobar. Las "fuerzas del orden" enviadas ex profeso por el Gobierno Nacional se exacerbaron, y algunos hasta mostraron cierta burla y hasta muecas de orgullo por la puntería que tenían cuando disparaban en contra de los manifestantes. También debo reconocer que dentro del grupo de potenciales afectados por este polémico proyecto, no sólo había jubilados, empleados, amas de casa, etc. sino que hubo infiltrados anarquistas que siempre aparecen en estas manifestaciones populares dispuestas a crear más caos que el que ya existe.
Algunos puntos claves para entender el por qué de tanto rechazo y bronca manifiesta por "el pueblo", y no sólo manifestado el último jueves en Plaza de los Dos Congresos, sino por los diversos y masivos medios de comunicación social y en la Internet.
Lo que no se dice a "boca de jarro" son algunos de estos ítems del proyecto de reforma Previsional y Laboral que entran en conflicto con el actual estado de cosas:
A - El Gobierno necesita fondos para cubrir alrededor de una tercera parte (1/3) de los intereses que está pagando por la compra de las LEBAC (Letras del Banco Central de la República Argentina). La persona que compra una LEBAC recibe un interés anual del 30%, esto significa casi o más de 10 puntos más que si hiciera un plazo fijo. ¿Quiénes compran LEBAC? Por supuesto que no son jubilados, ni amas de casa, ni empleados, ni jornaleros y mucho menos quienes intentan vivir con un subsidio. Los beneficiados de estas Letras son los inversores, los mismos banqueros, los financieros, las empresas privadas nacionales o internacionales, inversores extranjeros, etc. Es decir, el sector más pudiente, el de mayores ingresos y recursos.
Para solucionar esto, el Presidente Macri tuvo una genial idea: convocar a todos los gobernadores de las provincias de Argentina y les planteó la necesidad de reducir el déficit que tienen todas esas administraciones (las provincias). Aquí cabe recordar, que las provincias son deudoras del Estado, es decir, el Gobierno Nacional le debe a las provincias varios cientos de miles de millones de pesos del famoso 15% de la co-participación federal (reparto de parte de los impuestos que recibe el gobierno por múltiples transacciones comerciales). Esta deuda que tiene el Estado con las provincias es de larga data, hace muchos años, y muchas de ellas han demandado al gobierno para que les pague en tiempo y forma ese dinero que ellos tenían comprometido en diversas obras públicas en cada una de esas provincias.
Una vez reunidos en Casa de Gobierno, Macri llegó a un acuerdo con los gobernadores (excepto uno, el gobernador Alberto Rodríguez Saá de San Luis, ¡¡¡por no haber sido invitado!!!). El acuerdo incluía este abusivo, desproporcionado e inconstitucional proyecto de reforma previsional y laboral. Los gobernadores de cada provincia no quisieron perder nada de lo que les correspondía de deuda que el Estado Nacional tenía con ellas, es por eso que asumieron el compromiso de que sus diputados y senadores debían aprobar los citados proyectos de reforma: el tributario y el previsional y laboral. También el gobierno nacional les exigió a los gobernadores "que renuncien" a continuar reclamando al Estado la deuda por el 15% de co-participación federal. Es decir... algo de extorsión y un "apriete de bolas".
Los gobernadores aceptaron las exigencias del gobierno nacional con el compromiso del Estado de devolver lo adeudado en cuotas y otras yerbas. A las provincias les vino de maravillas este acuerdo porque, de un lado se van a hacer del dinero que el Estado les debía, y por el otro lado, no tenían que aumentar más los impuestos a sus provincianos. El "paquete" se lo han pasado a los jubilados, a los empleados, a la gente con menos recursos. "¡Que se jodan!-, habrán dicho. Nosotros tenemos las cuentas en orden".
Ellos, los gobernadores, no deben hacerse los desentendidos porque el acuerdo con el Estado Nacional incluía este "castigo" al sector más desprotegido de la sociedad.
Tal es el trasfondo de este polémico proyecto previsional y laboral. Un proyecto que periodistas especializados y constitucionalistas (profesionales del derecho especializados en temas de la Constitución Nacional), califican como "mamarracho jurídico".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos aquí tu comentario u opinión. Gracias